Enriquecimiento ìlicito

Concepto
Enriquecimiento ilícito, proviene del vocablo latino illicítus, que significa ilícito; es decir, que no está permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento ilícito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurídicas.
El tipo penal de enriquecimiento ilícito opera cuando se trata de un funcionario o servidor público al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la adminstracion pública, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se presume el mismo produjo.
El poder legislativo al formar este delito, tiene la intención de proteger el patrimonio del Estado; el servidor público debe manejar los recursos económicos para el cumplimiento de las metas y programas asignados en los respectivos planes de desarrollo, aprobados por el Estado. Se sanciona la improbidad, el aprovechamiento ilícito del uso de los recursos públicos para aumentar el patrimonio personal o familiar.
Artìculos
El delito de enriquecimiento ilícito, se encuentra fundado en el artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1931. Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus funciones para seguir detentando el poder, causando daños y perjuicios a la administración del Estado.
Sujeto activo y sujeto pasivo
En el artículo 224 del Código Penal Federal, en su párrafo primero, se requiere que el sujeto que despliega la conducta delictuosa tenga la calidad de: servidor público. Conforme al párrafo segundo del artículo que se comenta, puede ser sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito: cualquier persona.
En el delito de enriquecimiento ilícito, el sujeto pasivo es en sentido lato: el Estado. En el delito de enriquecimiento ilícito, el sujeto pasivo es en sentido estricto: la Administración Pública.
Los elementos normativos del delito de enriquecimiento ilícito, esencialmente son los siguientes: Empleo, Cargo, Comisión, Servicio público, Enriquecimiento, Ilícito, Servidor público, Patrimonio, Bienes, y Responsabilidad penal.
Sanciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109 establece que:
"El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;
II La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y
III Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos pro los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia ilícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a la que se refiere el presente artículo".
Por ser un delito no grave, se persigue por querella, o a peticiòn por partes.
Fuente de Informaciòn
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